El 4 de septiembre de 2024, se aprobó una reforma judicial en la Ciudad de México que ha generado diversas opiniones, sobre todo en torno a lo que implica para la propiedad privada. Con lo que he leído y entendido, trataré de aclarar los principales cambios y de disipar las dudas sobre cómo afecta a los propietarios de inmuebles en la ciudad.
¿Qué Cambió en la Reforma Judicial?
Uno de los cambios más discutidos es la eliminación del principio de "respeto a la propiedad privada", que estaba explícito en la Constitución local de la Ciudad de México. Sin embargo, este concepto no fue eliminado por completo, sino que fue reemplazado por una referencia al artículo 27 de la Constitución Federal, que regula la propiedad en todo el país. Este artículo establece que la nación es la propietaria original de tierras y aguas, pero permite a particulares adquirir derechos sobre ellas, siempre bajo ciertas condiciones.
¿Dejó de Existir la Propiedad Privada?
No. La propiedad privada sigue existiendo y está protegida por la Constitución Federal. Lo que la reforma realmente hace es subordinar la propiedad privada al interés público, lo cual ya estaba establecido en el artículo 27. En términos prácticos, esto significa que el Estado puede intervenir en casos específicos, como proyectos de utilidad pública, pero no puede hacerlo sin justificación legal ni sin compensación a los propietarios.
Palacio Nacional, CDMX.
¿Es Más Fácil Ahora Expropiar Propiedades?
No. La expropiación sigue estando sujeta a las mismas reglas que antes de la reforma. El Estado solo puede expropiar por causas de utilidad pública y, en todo caso, debe haber una compensación adecuada. Además, los propietarios afectados pueden recurrir a mecanismos legales, como el juicio de amparo, para defender sus derechos.
¿Qué Implica para los Propietarios?
Para los ciudadanos de la Ciudad de México que poseen propiedades, el cambio en la redacción de la ley no debe generar alarma. El derecho a la propiedad privada sigue vigente, pero está sujeto a las restricciones que ya existían para proteger el interés social. La reforma busca equilibrar los derechos de los propietarios con la necesidad de desarrollo urbano y proyectos de interés general en la ciudad, sin otorgar al gobierno nuevos poderes para intervenir en propiedades particulares.
Conclusión
La reforma judicial ha generado inquietudes, pero es importante entender que no afecta negativamente a los derechos de los propietarios. La propiedad privada sigue estando protegida, y cualquier intervención del Estado debe cumplir con los mismos criterios de utilidad pública y compensación que ya existían antes de la reforma. La clave está en mantener un equilibrio entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos individuales.
Solo nos queda esperar para ver más claramente lo que el futuro nos depara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario